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Derecho al olvido

Derecho al olvido

Conceptos básicos

En Colombia no existe una ley, como sí la hay en Europa, que avale el derecho al olvido de un ciudadano, y aunque la Corte Constitucional ha sentenciado varios casos sobre este tema aún no existe una jurisprudencia definitiva. Este derecho, hace referencia a que las personas tengan la capacidad de solicitar la eliminación de sus datos personales de las bases de datos de una organización, y esto incluye por supuesto a los medios de comunicación y a las plataformas virtuales como Google, Facebook, Twitter y todo el universo digital que, de proceder una normativa en este sentido, podría estar bajo el régimen sancionatorio que aplica la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC– a las empresas que almacenan y usan información personal de los ciudadanos.

De hecho, un polémico proyecto de Ley ya aprobado en primer debate e interpuesto por el senador del Centro Democrático Jaime Amín, buscaba ampliar la jurisdicción de la Superintendencia de Industria y Comercio, ente encargado de velar de los datos personales dentro del territorio colombiano, para que este pueda “disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud y de las pruebas aportadas por el titular, se identifique un riesgo cierto de vulneración de sus derechos fundamentales, y dicho bloqueo sea necesario para protegerlos mientras se adopta una decisión definitiva, dirigiéndose a los responsables del tratamiento que no residan ni estén domiciliados en el territorio de Colombia pero que a través de internet o de cualquier medio recolectan, almacenan, usan, circulan y en general realizan cualquier operación sobre datos personales de personas que residan, estén domiciliadas o ubicadas en el territorio de Colombia”.

El gran debate reside en que este derecho al olvido puede limitar el derecho a la libertad de la información y se interprete como un bloqueo de contenidos que sin duda perjudicaría la neutralidad de la red y por supuesto del libre ejercicio del periodismo. Es por ello que hasta la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) emitió un comunicado en el que menciona la sentencia de la Corte Constitucional (T-277 de 2015) sobre un caso relevante para la libertad de expresión en Internet. En esta, la Corte construye lineamientos especiales para el ejercicio de derechos en línea, establece obligaciones para los medios de comunicación en relación con notas sobre procesos judiciales y exonera a los intermediarios de internet -como Google- de responsabilidad por contenidos generados por terceros, según se puede leer en su página web.

Este antecedente jurisprudencial hoy establece que no le corresponde al motor de búsqueda que indexa la información eliminarla (Google en este caso), sino que, por el contrario, la página web en donde se encuentra registrada la información “negativa” se debe complementar con nuevos datos o hechos que amplíen dicha información o la ofrezcan actualizada y de manera correcta. Esto es casi imposible con todos los datos y la información que es subida a diario a la www. Sin embargo, el precedente está y toda información distorsionada, desactualizada, inexacta o errónea, debe ser rectificada a través del medio o canal donde fue publicada, y esto ocurre sí y sólo sí la información cumple con los requisitos de rectificación.

Desde ProtectWeb, hacemos uso de herramientas y de las técnicas necesarias para lograr la supresión o bloqueo de cualquier información que pueda afectar algún derecho fundamental de la persona o marca damnificada. Puedes consultarnos sobre este servicio o contactarnos, estaremos atentos de aclarar dudas.

Para leer todo el caso al que hace referencia la FLIP puede visitar este link